Reforma agraria en Colombia: Más allá de la redistribución de la tierra

10 noviembre, 2010 | Sin categoría

Leonardo Camacho

Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los proyectos de los que se habla con mayor insistencia, y que a la vez genera polémica, es el de la restitución de tierras (proyecto que va ligado al de reparación a las víctimas). Aunque en principio, este es sólo un primer paso en la reestructuración del campo, valdría la pena preguntarse qué otras herramientas (aparte de garantizar el acceso a los factores de producción), son necesarias para lograr una reforma agraria que logre disminuir el éxodo a las ciudades y a la vez incentivar el regreso de los campesinos desplazados a sus tierras para hacerlas productivas.

Otras reformas en el pasado

Esta no es la primera vez que se habla de reforma agraria en Colombia. En el siglo pasado se hicieron varios intentos para entregar tierras a los campesinos para que trabajaran en ellas, pero ninguno fue exitoso debido, entre otros factores, a la resistencia de los terratenientes. Aún así, las dos reformas más importantes fueron las implementadas durante los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y del Frente Nacional.

Como parte de su “Revolución en marcha”, el gobierno de Alfonso López Pumarejo expidió la Ley 200 de 1936, que, apoyada en la Reforma Constitucional del mismo año, propendía por la función social de la propiedad, y creaba una Jurisdicción Agraria, que se encargaba de solucionar problemas relacionados con la propiedad de la tierra (Mondragón, 2002). De la misma manera, se buscaba la entrega de títulos de propiedad a quienes explotaran la tierra, reservando el derecho al Estado de recuperar la tenencia de predios de más de 300 hectáreas que no fueran aprovechados económicamente (Melo, 1995).

Durante el gobierno del Frente Nacional, surgió una iniciativa de reforma agraria, que buscaba no sólo la redistribución de la tierra, sino la industrialización de la misma (Melo, 1995). Así surgió la Ley 135 de 1961, con la cual se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), que, al igual que la reforma de 1936, buscaba que los propietarios de tierras las hicieran más productivas (Mondragón, 2002), y también buscaba la titulación de terrenos baldíos (Melo, 1995).

Sin embargo, las diferentes reformas que se han propuesto han encontrado alta resistencia por parte de los terratenientes, quienes incluso hicieron acuerdos con el gobierno para detener la redistribución de tierras, como el “Pacto de Chicoral”, en el cual se comprometieron a pagar impuestos por sus terrenos (Melo, 1995).

Tipos de reformas en otros países

A nivel internacional también se han promulgado leyes que no sólo buscan ayudar al campesino sino que también propenden por un desarrollo económico sostenible, como por ejemplo el caso de Estados Unidos en el siglo XIX.

En 1862, el gobierno de Estados Unidos promulgó un Homestead Act, que cedía terrenos de una longitud determinada (64,7 hectáreas máximo) (Montenegro, 2010), para aquellos colonos dispuestos a trabajarlos. Esta reforma es opuesta a la presentada en Brasil en 1950, en la que se promulgó una ley de tierras en la que la adquisición de terrenos públicos sólo se podía hacer por medio de su compra, desconociendo derechos de ocupación (Pereira, 2003).

Sin embargo, en la década de los 90 el Presidente Fernando Henrique Cardoso impulsó una reforma agraria en la que, según fuentes oficiales, aproximadamente 586.000 familias recibieron terrenos y 20 millones de hectáreas no usadas fueron redistribuidas mediante la reforma de la tierra. Las cifras manejadas por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) no coinciden con las oficiales, ya que este movimiento asegura que los beneficiados fueron sólo 180.000 familias y sólo se entregaron 8 millones de hectáreas. A pesar de la reforma, sólo el 28% de la tierra productiva fue utilizada, por lo que la reforma se convirtió en una medida asistencialista, que no introdujo a los beneficiados en el sistema productivo (Pereira, 2003).

En México se instituyó el sistema de los Éjidos en la Constitución de 1917. En este sistema, un terreno era entregado por el Estado a un grupo de 20 personas, quienes tenían que trabajarlo personalmente, y se les daban derechos de propiedad aunque no podían venderlo o rentarlo. Por otra parte, en India se desarrollaron sistemas de sharecropping, en el cual el campesino trabajaba una porción de la tierra del terrateniente y tenía derecho a una parte de las ganancias de la cosecha (Smith, 1997).

De vuelta en Colombia: El contenido del proyecto

La base primordial del proyecto actual en Colombia es la restitución de tierras a campesinos desplazados por la violencia, lo cual no es una tarea sencilla, ya que la mayoría de los afectados carecen de títulos de propiedad (Ibañez, 2010) que certifiquen que fueron despojados de un terreno. Para cumplir con su propósito, se presentan diferentes alternativas con el fin de compensar a las víctimas de desplazamiento.

La primera alternativa es entregarles la tierra que perdieron, previa constatación de que en efecto les pertenece. Esa verificación se haría consultando bases de datos en las que reposan las denuncias del despojamiento. Si se comprueba la propiedad, se entrega una acreditación para que la persona se acerque a la Jurisdicción de Tierras (entidad que sería creada para resolver conflictos de terrenos agrarios), la cual estudiará si el actual propietario del terreno participó en el despojo o lo adquirió de buena fe. Si se presenta el primer caso, se le devolverán las tierras al desplazado. En el segundo caso se buscará dar una indemnización por medio de TES de deuda pública (Semana, 2010).

La segunda alternativa es la de entregar terrenos devueltos por los actores del conflicto u otros en proceso de extinción de dominio. Por ejemplo, el día 3 de septiembre el Presidente Juan Manuel Santos entregó 1.600 hectáreas a 400 familias, que fueron expropiadas al desmovilizado Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” (Red Derecho y Desplazamiento, 2010). Esta medida requiere que a los terrenos bajo extinción de dominio se les haga una evaluación antes de ser entregados, para certificar su utilidad en el desarrollo de actividades agrícolas.

La tercera alternativa es la de formalizar predios rurales que carecen de títulos de propiedad (lotes baldíos), para que puedan ser repartidos (Rico, 2010).

Además de entregar tierras y títulos a los campesinos, el proyecto busca actualizar el catastro rural (Rico, 2010), ya que en la actualidad sólo se paga un peso por cada mil del valor catastral (Semana, 2010).

Algunas consideraciones finales

Aunque el proyecto del Gobierno no sólo busca reparar a la población desplazada, sino también hacer más productivo el campo, debe ser cuidadoso en el momento de entregar títulos de propiedad, o debe llevar un control sobre el destino de las tierras entregadas. No se puede entregar la tierra como instrumento de mitigación de la pobreza, cayendo en el asistencialismo.

Se debe pensar en la restitución como una herramienta inicial para aquellos campesinos con habilidades agrícolas, que puedan sacar el máximo provecho de esta actividad. Y para aquellos que hayan desarrollado habilidades diferentes durante su desplazamiento forzado, se puede pensar en el arrendamiento de su propiedad a trabajadores calificados (en una medida similar al sharecropping), para una asignación eficiente de recursos (Assuncao, 2008), o la venta de la misma, y que de esta manera adquieran capital, que puedan desarrollar en otras actividades productivas, como lo sugiere Ana María Ibañez en entrevista con la Silla Vacía (Ibañez, 2010).

También se podría buscar que los campesinos se organicen de acuerdo al tipo de cultivo en el que trabajen, para que de esta manera puedan lograr acceso a créditos que les permitan adquirir equipos e insumos, en busca de una mayor productividad.

Por otra parte, la restauración se debe acompañar de políticas de seguridad por parte del Estado, para que no se repita la historia en la que los despojados recuperan su propiedad, pero a los pocos meses agentes por fuera de la ley vuelven, no sólo a quitarles sus tierras sino también sus vidas. También se debe implementar asistencia técnica, para que los proyectos que se lleven a cabo sean compatibles con las condiciones físicas de la zona donde se reubique al campesino.

El éxito de la reforma no sólo va a depender de la gestión y el acompañamiento del Estado, sino también de la disposición de los actuales propietarios (así hayan adquirido de buena fe los terrenos de terceros) de ceder ante los reclamos de los desposeídos. La etapa de restitución es tal vez la más importante, pero probablemente también la más difícil ya que involucra los intereses de diversos grupos, muchos de ellos ilegales, que han utilizado la tierra para lavado de activos (Assuncao, 2008), por lo que se podría arreciar la violencia, como forma de resistencia para no perder el poder brindado por la tierra.

    BIBLIOGRAFÍA

  1. Assuncao, J. (2008). Rural organization and land reform in Brazil: The role of nonagricultural benefits of landholding. Economic development and cultural change , 851-872.
  2. Ibañez, A. M. (07 de 09 de 2010). “Si este gobierno logra restituir la tierra de los desplazados sería revolucionario”. (J. León, Entrevistador)
  3. Melo, J. O. (1995). Colombia Hoy: Perspectivas para el siglo XXI. Bogotá: TM Editores.
  4. Mondragón, H. (01 de 04 de 2002). Colombia: O mercado de tierras, o reforma agraria. Recuperado el 22 de 10 de 2010, de Asociación Campesina de Antioquia: http://www.acantioquia.org/documentos/prob_agraria/mercado_tierras_reforma_agraria.pdf
  5. Montenegro, I. (19 de 10 de 2010). Congreso Visible. Recuperado el 22 de 10 de 2010, de Sitio Web de Congreso Visible: http://www.congresovisible.org/agora/post/ley-de-tierras-expectativas-y-oportunidades/351/
  6. Pereira, A. (2003). Brazil’s Agrarian Reform: Democratic Innovation or Oligarchic exclusion redux? Latin American Politics and Society , 41-65.
  7. Red Derecho y Desplazamiento. (08 de 09 de 2010). Santos entregó 1.600 hectáreas de tierra a 400 familias de Barrancabermeja. Recuperado el 22 de 10 de 2010, de Red Derecho y Desplazamiento: http://derechoydesplazamiento.ilsa.org.co:81/node/2131
  8. Rico, L. (15 de 07 de 2010). Pasos para arreglar un tierrero: un abrebocas a la política de tierras de Juan Manuel Santos. Recuperado el 22 de 10 de 2010, de La Silla Vacía: http://www.lasillavacia.com/historia/16657
  9. Semana, R. (04 de 09 de 2010). La Tierra Prometida. Recuperado el 22 de 10 de 2010, de semana.com: http://www.semana.com/noticias-nacion/tierra-prometida/144024.aspx
  10. Smith, S. (1997). Cases in Economic Development. New York: Addison Wesley.

Hay 6 Comentarios

  1. erika dice:

    me parecio muy malo no esta la historia completa

  2. jj dice:

    suoer esta bobbada jajaja

  3. nano dice:

    no sirve para nd

  4. Robert Stiglish dice:

    EN REALIDAD USTEDES NO SON ECONOMISTAS COMO YO ROBERT STIGLISH

  5. CRISTINA SANCHEZ dice:

    Es un artículo excelente, tiene en cuenta la consulta de varios autores y en sus apreciaciones se denota objetividad y claridad. Si se profundiza con hechos históticos donde se comprenda el por qué no ha funcionado la reforma agraria surgida desde 1961 hasta el momento, entonces te puede quedar super excelente. Gracias por esa información tan valiosa y adelante con tus artículos vas por muy buen camino.

    • Srt. Isabel. dice:

      Gracias por su apreciación indiscutiblemente su aporte es muy acorde y a demás su sugerencia ;la esencialidad de los comentarios reside en que ellos tengan contenido productivo y no críticas sin argumentos.
      La estancia unánime de las ópticas radican su importancia en el debate en la confrontación no tan sólo en comentarios vacíos , por una mejor sociedad y futuro tengan la mínima decencia de reseñar respuestas ,comentarios,etcétera con mejor apreciación y distinción.

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